Cuando comencé la licenciatura de Derecho me inocularon unos principios básicos, eternos e inatacables del derecho penal como que “es mejor un culpable en la calle, que un inocente en la cárcel” y, así, se establece el principio de “ante la duda, a favor del reo o acusado”.

El delito siempre se persigue por suponer una acción u omisión que daña o perjudica un bien jurídico que, considera la sociedad, debe de tener la máxima protección legal.

El tipo describirá la acción u omisión que perjudica el bien jurídico protegido y que será punible, con independencia de la condición del autor del delito, el desarrollo de la seguridad jurídica, el principio de tipicidad y la igualdad de los seres humanos ante el Derecho.

La pena es la sanción y/o remedio resocializador del sujeto infractor que impone el Estado por la acción cometida. Por más que muchos, incluso grandes profesionales, consideren la pena un simple castigo, el fin último y principal es, o debiera de ser, la resocialización del responsable delictivo.

Así, el delito de homicidio se establece en protección de la vida como valor supremo, de modo que el tipo describirá que aquel que mate a otro le corresponderá una pena y, finalmente, habrá de demostrarse, sin la existencia de una duda razonable, la autoría de la persona a la que se aplicará la pena.

La Ley obliga a que la detención del sospechoso se realice de la forma y manera menos perjudicial para la imagen del sujeto pasivo de la misma, así como a mantener el secreto del sumario en la medida que su revelación puede poner en peligro las pruebas que se están investigando o siguiendo y el honor, dignidad y respeto del que aún no es más que presunto o sospechoso autor de un delito, impidiendo así los daños colaterales.

Este apartado compadece mal con el derecho a la información y opinión que sustenta nuestra constitución y siempre ha sido un problema y una disputa entre la Justicia y la prensa, que han intentado apaciguar, en la medida que la colaboración y preparación de unos y otros se implanta cada vez con más fuerza.

De un tiempo a esta parte, haciendo uso de técnicas de manipulación y mercadotecnia política, un uso espurio e irreal de un conflicto de sexos, de una desigualdad radical, de una masiva práctica asesina de la que se responsabiliza a todo el sexo masculino y de una generación de chiringuitos ideológicos y de ideologización, implantan una falsa teoría de violencia de género que ahonda en las desigualdades y enfrenta a los sexos para la obtención de un rédito político.

Que, cuando existe violencia en el seno de la familia, se deben de implantar modelos y medidas preventivas que la eliminen, o aplicar remedios penales para el violento, es algo indiscutible; que, la violencia no puede ser permitida ni en el aspecto psicológico ni en el físico, una evidencia; que, ese tipo de violencia puede producirse también ante aquellos que son diferentes psíquicos, físicos o sexuales, es un problema claramente existente y que algunos padecen, y/o padecemos; pero, ello, no puede suponer la utilización política de esos colectivos pacientes del desdén o violencia.

Debemos de establecer y generar modelos por medio de los cuales, sin dejar de dar información sobre hechos objeto de investigación, se sometan a los principios de presunción de inocencia, dignidad del investigado y esperar a la resolución judicial, no haciendo una prensa sensacionalista que daña y perjudica al investigado y presiona al juez que no se atreve a adoptar determinadas medidas por “miedo” a la prensa, por más que no lo reconozcan.

Que existe violencia en la calle, es algo indiscutible; que algún personaje actúa con violencia homófoba, evidente; que se persiguen ese tipo de delitos, no debe de ser puesto en cuestión; que, como todos los delitos, deben de sostener en pruebas sólidas que no permitan una duda de culpabilidad, un principio que no debemos vulnerar.

Que en la violencia social los responsables son TODOS los partidos políticos que, en lugar de ofrecer soluciones a los problemas en confrontación con los gobernantes, se dedican a generar crispación, violencia y “cazas de brujas”; que, evidentemente, a dicha situación favorece la apertura de la sociedad a otras culturas que no respetan la igualdad de los sexos, de las personas, que no tienen el mismo valor de la vida, que no respetan nuestras costumbres, pero que, frente a ello, en lugar de criminalizarlos, debemos de exigirles el sometimiento a nuestros modos culturales y valores sociales, mediante la educación, el respeto y, si no los aceptan, la expulsión.

Reestablezcamos la igualdad de género con la derogación de las leyes de género que discriminan a la mujer de forma positiva, reestablezcamos el respeto a los principios penales y dejemos trabajar a jueces y policías, no haciendo uso partidista de realidades existentes de uno y otro lado.

Los delitos son algo ocasional o anecdótico, no los convirtamos en categorías, ni establezcamos que unos son anécdotas y otros no; pues, gracias al Estado de Derecho y la democracia, el delito es anécdota y el cumplimiento de la ley la categoría, y resulta vomitivo el uso partidista o ideológico que se está realizando del sufrimiento de las personas, para ganar unos euros. 

 

ENRIQUE DE SANTIAGO HERRERO
Abogado. Máster en Ciencia Política. Diploma de estudios avanzados en Derecho Civil Patrimonial. Derecho penal de la empresa. Colaborador y articulista en diversos medios de comunicación escrita, radio y televisión.